El deshonroso arte de corromper

 

La corrupción sigue cabalgando a sus anchas por lo largo y ancho de España. A las tarjetas black de Caja Madrid y el caso Púnica le sigue la operación Madeja, que estudia mordidas en la adjudicación de obras públicas en zonas como Sevilla, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Canarias. Casi ná. El número de implicados en casos de corrupción sigue subiendo como un suflé que no tiene intención de desinflar, y mientras tanto, la cúpula mira con ojos extrañados, medio bizcos, como intentando discernir un alfiler en medio del granero. «Son casos puntuales», asegura Mariano Rajoy, o «ya hemos hecho lo que teníamos que hacer», dice María Dolores de Cospedal. Y todos contentos, felices, sonrientes. Ya hemos hecho nuestro trabajo. ¿Quién pone en duda que Rajoy metió a Luis Bárcenas en la cárcel, o que Cospedal le enseñó su placa del FBI a Francisco Granados y lo esposó con una dureza más propia de Catherine Willows, agente de la serie CSI Las Vegas? Esas son las «contundentes» afirmaciones que emanan de la boca de los principales responsables por omisión de la existencia de casos de corrupción.

Porque, ¿quién sino el Partido Popular, con una mayoría absoluta aplastante en el Congreso de los Diputados, puede poner coto a la corrupción sistémica que inunda nuestro país? ¿Quién sino Mariano Rajoy puede y debe hacer las reformas necesarias e inmediatas para frenar el descrédito de una clase política que parece no entender o no querer escuchar las plegarias de los ciudadanos? ¿Quién sino el Partido Popular debe atender las peticiones de otros grupos parlamentarios, sea Izquierda Unida o UPyD, para frenar en seco la corrupción? Incluso en el seno del PP, dirigentes como Esperanza Aguirre han redactado unos puntos básicos para poner freno a la corruptela política que, día tras día, inunda como una plaga faraónica los medios de comunicación.

Reformas que reduzcan el tiempo de instrucción de causas judiciales abiertas por corrupción, el cambio de la Ley Electoral para que los partidos políticos se rigan por listas abiertas, una reforma del Tribunal de Cuentas, la obligatoriedad de presentar las cuentas de los partidos políticos en el Congreso, la supresión definitiva de subvenciones a partidos políticos, patronal y sindicatos, un cambio en la Ley de Contratos del Estado y el aumento de las penas de cárcel para defraudadores o ladrones de cuello blanco son unas pocas medidas básicas que el Ejecutivo debe hacer de inmediato para atajar la corrupción política. Tanto que gusta de ejercer el poder por Real Decreto, ahí tienen una batería de puntos elementales a desarrollar y ejecutar para blindar el Estado de Derecho contra los corruptos, contra todo bellaco que guste de sisar el dinero del contribuyente. Es lo menos que puede hacer Mariano Rajoy, ese Presidente de paja acostumbrado a ver pasar el tiempo sentado en su diván, si quiere salvaguardar los intereses de los ciudadanos españoles ante la herida abierta en el seno del sistema político español. Porque los problemas no se solucionan solos y deben de ser frenados desde las altas instituciones del Estado con voluntad política. De lo contrario, la herida abierta acabará por gangrenar y cercenar todos los miembros del Régimen, estén sanos o corrompidos. Y si no tienen voluntad de afrontar los cambios que demanda la sociedad, que se vayan y dejen paso a otros.